Andrés Jarrín Serrano. Arq. MA, Msc.
Enrique Vivanco Riofrio. Arq. PhD
Introducción
Estamos asistiendo con real y agradable sorpresa a la transparencia de la administración pública, producida no por acción de los gobernantes de turno que han tardado más de tres años en cerciorarse de que la enorme masa salarial y gasto corriente del sector público no tiene atrás un sector privado que los pueda sostener. La situación se ha tornado imposible pues la crisis que empezó el año 2014, se vio violenta y definitivamente sobrepuesta con la pandemia y su consecuente crisis económica que para el Ecuador será catastrófica.
Se ha reflejado esa nueva transparencia producto de la pandemia, en el famoso tele trabajo de los funcionarios públicos, llevan ya un año en esta modalidad y en algunos casos se ha visto que se pueden hacer, como ya se ha asegurado muchas veces, hasta el 90% de los trámites; vía teléfono, internet, y hasta correo postal. Esta modalidad está produciendo dos fenómenos nuevos; con la velocidad en la atención una gran cantidad de funcionarios se han visto sin ocupación real.
En las aduanas aparte del trabajo que hizo la señora Muñoz, al traspasar los trámites a su versión digital los comerciantes, y así lo ha declarado su presidente Sr. Arosemena, están felices porque ahora con pandemia los trámites se demoran muchísimo menos que antes. Esta situación se produce también en la mayoría de instituciones del sector público, ya no hay atención presencial, los cambios en la burocracia deberían ser evidentes, ya no se necesitan tantos funcionarios.
La transparencia también viene en los abusos autoritarios que dejó instaurados el correismo y los cobros excesivos, a “ojo de buen cubero” y sin consumo en muchos casos, como ocurre con las facturas de luz y agua de estos meses de pandemia, de los innumerables atracos a los fondos del sector público con la autoría de los funcionarios corruptos y también de la incapacidad material del sector privado de pagar impuestos en semejante crisis.
El autoritarismo y el abuso campante:
Uno de los abusos que se viene dando año tras año es el de los impuestos prediales municipales del Distrito Metropolitano de Quito, si no suben el avalúo suben la contribución especial de mejoras, tasa ilegalmente atada al impuesto predial este si contemplado en la ley. La justificación está en la absurda disposición del COOTAD de que obligatoriamente tienen los municipios que revisar los avalúos catastrales cada dos años como si viviéramos en un cohete económico que impulsa de forma increíble los precios de los bienes inmuebles y su aprovechamiento en los arriendos. Ley que en esta parte debería ser declarada inconstitucional, porque impone obligación de subir impuestos, que los municipios con su descontrol en el gasto y en burocracia los desperdician de forma irresponsable.
Queremos señalar que son los espacios públicos y las obras en los barrios más necesitados, a donde deberían ir a parar la gran cantidad de ingresos que el municipio obtiene por estos absurdos impuestos, y no a malgastar el dinero en burocracia multiplicada e ineficiente y robo descarado y automático, con transferencias directas de las cuentas municipales a cuentas privadas en el extranjero, como sucedió en la EPMAPS de la forma más desfachatada e impune que hayamos visto. Unicamente en el Ministerio del Ambiente se vio hace unos años las mismas operaciones que también quedaron impunes.
Denunciar el funcionamiento arbitrario, abusivo y anti técnico del sistema municipal de cobro de impuestos catastrales donde la tramitología y régimen de lo absurdo, a todas luces ha llegado a un punto de colapso y ruptura, por el cual el CONTRIBUYENTE SE DEBE SOMETER A COBROS ABSURDOS Y ABUSIVOS, sin tener a nadie a quien reclamar y cuando se lo hace, la respuesta que obtiene, después de meses de trámites y absurdos requisitos, es todavía más frustrante por lo arbitraria y descoordinada que resulta, lo que evidencia que el sistema municipal actual de valores de cobro de impuestos prediales y Contribución Especial de Mejoras (CEM) es un sistema atrasado y caduco, que viola los derechos del contribuyente.
La situación de Quito:
A escala de la ciudad, lo que produce, esta especie de subida automática de impuestos, es lo que toda la ciudadanía observa en el Quito de hoy: burocracia, atraso, falta de inversión, falta de proyectos, ausencia de rumbo, nula competitividad y muy baja capacidad de atracción de inversión y sobre todo falta de oportunidades de progreso a sus ciudadanos, lo que en el fondo deviene en consecuencias aún más perniciosas como son inseguridad, corrupción, improvisación, malos servicios y pobreza crónica.
Estos impuestos que suben sin control, impactan directamente en la capacidad de la ciudad de atraer y generar inversiones y lo que es peor hace que la ciudad sea cara y produzca la deserción de la inversión, quiebra de negocios, por la dificultad de emprenderlos por los costos altos de operación, frente a los beneficios que puedan obtener, en donde los Impuestos Prediales abusivos son el mejor ejemplo.
Actualmente Quito es una ciudad que tiene costos elevados y que lejos de estimular la generación de negocios y empleo, los ahuyenta con el cobro de impuestos incrementales absurdos, recesivos y anacrónicos en contravía a lo que hacen las ciudades modernas que buscan atraer recursos e inversión (Guayaquil, Medellín, Santiago de Chile, etc..). Esta situación se confirma al observar el desarrollo del mercado inmobiliario de compra-venta y arriendos fuertemente recesivo, donde los valores bajan constantemente PERO LOS IMPUESTOS PREDIALES Y CEM SUBEN HASTA LLEGAR A VALORES INVEROSIMILES DE MAS DEL 200% DE INCREMENTO EN UN AÑO..! lo que hace que sea poco rentable comprar o arrendar porque los impuestos son más caros o no justifican el valor de mercado de los arriendos; y lo que es peor que dicha tendencia es todavía mas perniciosa por el alza permanente e incremental de impuestos prediales cada dos años.
Lo indicado se deriva de un análisis estadístico realizado con datos de tendencia en una pequeña muestra de propiedades donde se demuestra que el sistema de cobro de impuestos prediales corresponde a un sistema abusivo, irreal, injusto, y discrecional que afecta a los ciudadanos. Esta situación que influye negativamente y que es una de las causantes de lo que se observa en Quito desde hace varios años de: estagnación económica, carestía, pobreza y deterioro de la calidad de vida de la población y reversión de la calidad de los servicios municipales en contrapartida al cobro de impuestos incrementales inconsultos a sus ciudadanos y contribuyentes.
Las exigencias de la documentación para la revisión de los avalúos, que son en la mayoría de los casos muy difíciles de cumplir, al parecer obedecen a la conocida estrategia de crear dificultades para vender facilidades como se ha evidenciado en ofertas de ex funcionarios de Catastros a los interesados, ellos conocen por su vinculación con la mencionada oficina que ya tuvieron respuestas negativas de revisión del avalúo y que ellos ofrecen por “módicas sumas” conseguir esta revisión.
La situación es tan increíble que en una administración anterior el Secretario de Hábitat y Vivienda a consulta del Alcalde le dijo que Catastros es una dependencia que hay que reorganizar totalmente, desde cero sin alternativa posible.
Lo que aquí señalamos se entiende deberá́ ser motivo de alguna preocupación por parte de la actual administración de la ciudad debido a que no se trata solamente de hacer “rebajas” puntuales y parciales de “parche y remiendo”, por “errores” del sistema, sino que corresponde a miles de ciudadanos que seguramente deben tener un sentimiento muy intenso de frustración e indefensión frente a un sistema burocrático municipal indolente e inservible, que demanda de un cambio institucional radical y profundo so pena que este “statu quo” siga deteriorando a la economía del contribuyente y el desarrollo de la ciudad, como en efecto ya se ha constatado que ha ocurrido en los últimos 20 años en la ciudad de Quito.
Responsabilidades:
Se espera que el Consejo y el Alcalde asuman su responsabilidad a este respecto y analicen la evaluación hecha y pagada por los quiteños de Price Waterhouse Cooper y consulten con profesionales del tema que si los hay y que primero vean la situación de la ciudad, de los contribuyentes a fin de reversar el sistema de cobro abusivo e irreal expuesto, y tomar decisiones al más alto nivel para remediar esta situación injusta y abusiva para miles de quiteños contribuyentes, muchos de los cuales están en coactiva, que deben estar atravesando por una situación muy difícil en época de pandemia y que de no tomar acción inmediata se complicara aún más en el futuro.
Si la actuación municipal es nula, debemos recurrir y reportar el caso a la DEFENSORIA DEL PUEBLO, a la CORTE CONSTITUCIONAL para intentar detener coactivas absurdas y defender nuestros derechos frente a la desidia e ineficiencia burocrática Municipal en el cobro de impuestos artificiales y regresivos a la economía del contribuyente.
